El oficialismo en Diputados comenzó a blanquear el rechazo al proyecto de ley de paridad de género que la semana pasada se votó en el Senado y se esperaba que esta semana se convierta en ley en la Cámara Baja.

LPO había adelantado que por lo bajo comenzaban a aflorar negativas al proyecto. Pero hoy, el diputado Guillermo Castello salió de lleno a rechazar esa iniciativa.

Sin miramientos, Castello -un legislador de Elisa Carrió- sostuvo que el proyecto implica “una inadmisible degradación del sexo femenino por cuanto todas las mujeres que accedan a un cargo mediante una lista electoral estarán siempre sospechadas de haber ingresado por haber integrado la misma solo para dar cumplimiento al cupo".

Además, manifestó además que la actualidad política argentina es prueba de “la innecesariedad de un cupo legislativo artificial”. Enumeró casos como el de una ex presidenta, varias gobernadoras, una vicepresidenta, y dos diputadas. “Ninguna de ellas necesitó de cupo ni paridad compulsiva alguna”, dijo.

Para el legislador de Mar del Plata el proyecto aprobado en el Senado “vulnera derechos y garantías de la Constitución Nacional y el principio de soberanía popular, propio de nuestra forma republicana de gobierno”.

La jugada de Castello es arriesgada, fue el primero de su bloque en salir al cruce de un proyecto que apoya incluso la propia María Eugenia Vidal.

El texto obliga a todos los partidos de la Provincia a incorporar obligatoriamente y de forma alternada un 50 por ciento de candidatas mujeres y otro 50 por ciento de hombres.

En el Senado, la iniciativa había quedado envuelta en un tironeo político entre el massismo -que impulsaba el proyecto- y el bloque oficialista. Fue pocos minutos antes de la sesión que el Frente Renovador se enteró que Cambiemos iba a bajar un proyecto propio.

Hubo algunas tensiones en el recinto, se llamó a un cuarto intermedio y finalmente todas las partes tuvieron que ceder. Es que todos los bloques se necesitaban entre sí para llegar a los dos tercios necesarios. Finalmente fue aprobado por unanimidad.

El proyecto modifica el artículo 32 de la Ley Electoral, disponiendo que las listas presentadas ante la Junta Electoral “deberán respetar una equivalencia del 50 por ciento del sexo femenino y otro 50 por ciento del sexo masculino”. Ese porcentaje será aplicable a la totalidad de la lista, y se deberá cumplir con el mecanismo de “alternancia y secuencialidad” entre sexos por binomios (mujer-hombre u hombre-mujer). Cuando se trate de nóminas u órganos impares la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno.