La Justicia procesó a los dueños de los bingos de Hurlingham, Ciudadela, Merlo, Caseros y Bahía Blanca, investigados desde el año 2012 por el delito de evasión tributaria simple y agravada.

En las últimas horas, la Justicia Federal de Tres de Febrero resolvió dictar el procesamiento de Jorge Pereyra, Sebastián Pereyra, Jorge Pereyra (hijo). A Osvaldo Del Caño, Romina Del Caño, Juan Carlos Bojanich, Rubén Darío Firpo y José Luis D’Agata de ser “coautores responsables” de los delitos de evasión al impuesto a las Ganancias “reiterado” en seis oportunidades durante el período 2008 – 2013.

Los procesados son investigados a partir del presunto uso de facturación apócrifa y sobrefacturación para pagar menos impuesto a las Ganancias. Por esta causa hubo en diciembre alrededor de 20 allanamientos y sus autoridades fueron embargadas.

Jorge Pereyra es el titular del Grupo Midas, que controla los bingos de Ciudadela, Merlo, Hurlingham y Caseros. Además, supo ser el presidente de la Cámara Argentina de Salas de Bingos.

En 2013, el empresario tuvo una serie de episodios confusos relacionados con la inseguridad. En agosto de 2011 fue asaltado cuando llegaba a su casa, en San Isidro. El empresario se salvó de que lo secuestraran porque su esposa logró advertirle desde adentro de su casa disparando al aire para asustar a los asaltantes.

Tres meses más tarde, Pereyra y otros 19 empresarios fueron asaltados por cinco delincuentes que irrumpieron a cara descubierta en el quincho del stud Codiciado, situado en Martínez. Sus hijo, Sebastián y Jorge están vinculados al automovilismo.

También quedaron procesados Osvaldo Del Caño y Romina Del Caño, accionistas del Grupo Midas. Y Rubén Darío Firpo, gerente general de esa empresa.

A ellos se suman Juan Carlos Bojanich, titular del bingo de Bahía Blanca. Y José Luis D’Agata, un dirigente peronista de San Miguel que integra varias de las firmas investigadas y que cobraba una comisión de una de esas firmas.

D’Agata también se dedicaría a la intermediación de jugadores de fútbol, un negocio en el que se cruza con los clubes que sobrefacturaban a los bingos.

Según el fallo, al que LPO pudo tener acceso, los empresarios serían coautores responsables de los delitos de evasión al impuesto a las ganancias reiterado en seis oportunidades durante el período 2008 - 2013; una de ellas simple (en 2008) y los cinco restantes, agravadas por el monto.

En abril, el fiscal Paul Starc había pedido a Lotería y Casinos una auditoría sobre estos bingos. Documentación que desde ese organismo demoraron varios meses en entregar.

Según el requerimiento de instrucción del fiscal, equipos técnicos de la AFIP detectaron que los bingos “declararon gastos improcedentes, al detectarse maniobras de evasión tributaria por el uso de facturación apócrifa y la existencia de sobrefacturación en las operaciones realizadas con proveedores de servicios y mercadería”.

La facturación apócrifa tenía como contrapartida la “existencia de reintegros” que reingresaban a los bingos. “Si bien las facturas y registraciones de las contribuyentes eran ‘formalmente’ correctas (casos de sobrefacturación) no reflejaban adecuadamente la verdadera materialidad” de las operaciones, sostiene Starc. “La sobrefacturación (…) habría generado una deducción en exceso de la base imponible del Impuesto a las Ganancias”, continúa.

De acuerdo al cálculo técnico de la AFIP, el Bingo Ciudadela eludió el pago Ganancias por más de 72 millones de pesos entre 2008 y 2012; mientras que el Bingo Hurlingham no pagó algo más de 60 millones de pesos entre 2008 y 2013.