Abrirle las puertas a capitales privados en la Empresa Provincial de Transporte (EPTM) y la intención de tercerizar el cobro de impuestos provinciales, fueron los hechos objetivos que despertaron la alarma entre los dirigentes sindicales mendocinos.

El gobernador Alfredo Cornejo mandó a sus ministros a desmentir la intención de “privatizar” algunas de las 16 empresas en las que el Estado mendocino es propietario o controlante o en las que tiene participación.

Pero el discurso de la “eficientización” de los servicios que presta el Estado puso en guardia a los sindicatos estatales. Por ejemplo, en el caso de la EPTM, el Gobierno habla de una superpoblación de personal –400 personas– y mal funcionamiento. Aunque no dudó en alquilarle colectivos a una empresa privada.

Algo similar ocurre con la recaudación. En un contexto de recesión con números que caen mes a mes, Cornejo lanzó la idea de tercerizar el cobro de impuestos para “mejorar lo que recauda la Provincia”.

En este caso, no son pocos los memoriosos peronistas que recordaron el escándalo sucedido en el 2006 cuando se avanzó en una dirección parecida a través de la empresa estatal chaqueña Ecom Chaco, contratada en ese entonces por el intendente de Luján de Cuyo, Omar De Marchi –hoy otra vez es jefe comunal de ese departamento– y por la cual se buscaba “mejorar la recaudación” a través de la “gestión del tránsito”.

El sucesor de De Marchi, Omar Parisi, terminó dándole de baja a ese contrato por iiregularidades varias. El detalle: el gerente de esa empresa chaqueña en Mendoza era Martín Kerchner, hoy ministro de Hacienda de Cornejo.

En el caso de que el Gobierno provincial avance definitivamente en la tercerización de servicios o la apertura de compañías estatales a privados –como podría ser en la figura de SA–, los negocios serían numerosos.

Mendoza tiene el 100% de Aysam, Agua y Sanemamiento; mismo porcentaje de Emesa, empresa de energía; el 39% de Edema, la mayor distribuidora de luz de la provincia, controlada por el Grupo Vila-Manzano; el 19% de otra distribuidora, Edestesa; y 48% de Hinisa y 37% de Hidisa en la generación de energía eléctrica; por último, el Estado mendocino tiene el 25% de Distrocuyo, que se dedica al transporte de energía.

Por supuesto que mantiene participación en YPF tras la estatización del 2012, y maneja la Terminal de Ómnibus –una de las más grandes del país– y mantiene la posesión –aunque conecionados– de los hoteles Plaza (en manos de Hyatt hasta el 2039) y Potrerillos (administrado por CEOSA hasta el 2038).

Con este panorama, tanto los sindicatos estatales como la oposición, está comenzando a armarse para salir a confrontar con el Gobierno. Desde el peronismo se descuenta una catarata de pedidos de informes y de citaciones a funcionarios para “desenmascarar la estrategia privatista de Cornejo”, según fuentes legislativas.