El juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner por el presunto direccionamiento de la adjudicación de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez.
La indagatoria la habÃan solicitado los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques en el marco de la causa por asociación ilÃcita que impulsó la diputada Elisa Carrió y luego de recibir los informes de la actual gestión de Vialidad Nacional.
La ex presidenta fue citada para el próximo 20 de octubre. El llamado a indagatoria también alcanza a Lázaro Báez (el 2 de noviembre), el ex ministro Julio de Vido (el 24 de octubre), el detenido José Lápez (27 de octubre), Abel Fatala (9 de noviembre) y otros 12 ex funcionarios nacionales y santacruceños.
Ercolini dispuso además la inhibición de bienes de Cristina y las otras 16 personas llamadas a indagatoria. El juez entendió que trabar una inhibición sobre sus bienes correspondÃa "para prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrÃan constituir, en definitiva, producido o provecho del delito bajo pesquisa".
En tanto, el magistrado señaló que las otras 17 personas a las que los fiscales Pollicita y Mahiques habÃan pedido que se citara a indagatoria, quedaron a la espera del resultado de una serie de medidas.
Los fiscales a cargo de la investigación, Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita, habÃan reiterado el lunes pasado su pedido para que el juez Ercolini citara a la ex presidenta a indagatoria, bajo la acusación de haber adjudicado de manera irregular la obra pública durante su paso por la presidencia.
"Mientras el empresario Lázaro Báez era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la ex familia presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros", habÃan afirmado los fiscales.
La denuncia que dio origen a la investigación habÃa sido presentada por la diputada nacional Elisa Carrió (Cambiemos) que sostuvo que desde el anterior gobierno se habÃa estructurado una asociación ilÃcita para sustraer fondos públicos a través de empresarios ligados al poder.
La diputada habÃa sostenido que los ilÃcitos denunciados habrÃan comenzado a fines del año 2003 y que, en general, se relacionaban con los contratos de obra pública llevados adelante desde el Estado con un grupo reducido de empresas, sin cumplir con las normas y reglamentaciones establecidos.
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