Justo en el momento en que se aprestaba a capitalizar la señal positiva que obtuvo con la masiva presentación de propuestas para proyectos de energía renovable, la administración macrista se ha topado con una nueva complicación en el área energética que pone en duda la concreción de un conjunto de inversiones relevantes destinadas a incrementar la oferta eléctrica en el corto plazo.

Por la incertidumbre tarifaria derivada de los fallos judiciales y problemas surgidos con las fuentes de financiamiento, ocho contratos de usinas térmicas que fueron adjudicados a mediados de año para reforzar el abastecimiento en las zonas más críticas del país se encuentran con el cartel de venta y corren riesgo de caerse si en las próximas semanas no aparecen compradores interesados en continuar con el negocio.

Ocho contratos de usinas térmicas adjudicadas a mitad de año para reforzar la energía en zonas críticas corren el riesgo de caerse si en las próximas semanas no aparecen compradores para rescatar el negocio.

Los contratos en danza provienen de la licitación realizada entre abril y junio -en el marco de la resolución 21/2016- con el fin de ampliar la capacidad de generación con pequeñas y medianas usinas térmicas que deberán instalarse contrarreloj para poder reforzar la oferta eléctrica a partir del próximo verano.

Tras dos rondas de ofertas, el Ministerio de Energía que comanda Juan José Aranguren resolvió adjudicar la contratación por 10 años de un total de 2.871 MW para “satisfacer los requerimientos esenciales de la demanda durante el próximo verano 2017, el invierno del 2017 y la temporada estival de 2018”.

A solo dos meses de haberse firmado los contratos, el 36% del total de la capacidad de generación comprometida estaría tambaleando y a la búsqueda de eventuales compradores que acepten afrontar la mayor parte de las inversiones pendientes.

Las firmas en duda

Según varios especialistas y consultores del sector, los 1.061 MW que se encuentran en la cuerda floja y que ya constituyen un nuevo y serio motivo de preocupación para las autoridades energéticas corresponden a las siguientes empresas:

Araucaria Energy: Buscaría desprenderse de tres emprendimientos localizados en la provincia de Buenos Aires en: Matheu (254 MW), Luján (127 MW) y Las Palmas-Zárate (202 MW).

SPI Energy: Tendría en el aire un contrato por una usina de 104 MW en San Pedro.

Albares Renovables: Posee un proyecto en Pilar de 99 MW.

Río Energy: Cuenta con otro contrato en territorio bonaerense de 138 MW.

UGEN: Es la titular de una central térmica de 139 MW proyectada para la zona de Tandil.

Methax: Su proyecto es para instalar una usina de 40 MW en Mendoza.

Entre los posibles interesados en comprar los contratos de Araucaria Energy –que se presentó en la licitación asociada con Stoneway Energy—, estarían el timonel de la filial local de APR, Mario Mesa y el ex gerente de Enarsa, Santiago Pierro con fondos de inversores europeos y argentinos.

En este caso, la inversión sería por afuera de APR que en la licitación logró quedarse con uno de los contratos más grandes de 216 MW para instalar una usina térmica en Matheu dentro de la zona de concesión de Edenor.

Por el lado de Albares Renovables, el problema sería la caída del financiamiento que, en principio, iba a aportar la española Isolux.

Macri en la Quinta de Olivos con Aranguren y funcionarios del Ministerio de Energía.

Presidencia

Al posible retraso en la entrada en servicio de las nuevas usinas se suma el disgusto de las que ya están operando por la demora de los funcionarios en resolver el pagod e las deudas acumuladas por 22 mil millones de pesos.

En tanto, en los casos de Río Energy y UGEN, también se habrían registrado contratiempos con la forma de pago a Sprint, el proveedor de los equipos de generación de General Electric. Por ese motivo, el titular de las dos iniciativas, Manuel Santos Uribelarrea, ya le habría encomendado la venta a dos intermediarios.

Al posible retraso en la entrada en servicio de este lote de nuevas usinas se suma otro contratiempo con el parque de generación térmica que podría afectar la ajustada producción de energía que se espera para el verano.

Los dueños privados de las centrales térmicas están disgustados con los funcionarios energéticos porque siguen sin resolver el pago de las deudas acumuladas por la CAMMESA que ya superan los 22.0000 millones de pesos.

Tras haber rechazado el plan de pagos a tres años que propuso el subsecretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga; los generadores optaron por recortar los fondos destinados a los trabajos de mantenimiento y reparación de las máquinas que inicialmente debían estar terminados en noviembre.

Por el retraso en las tareas de puesta a punto de las usinas, el Gobierno va camino a afrontar los picos de demanda de la temporada veraniega con una oferta de generación térmica inferior a la que tenía prevista.