La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó a la Justicia federal que declare la inhibición general de bienes en la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner.

Según se informó hoy en los tribunales federales, el órgano autárquico del Ministerio de Hacienda pidió ayer la inhibición de bienes mientras que reclamó se aparte al diputado nacional Máximo Kirchner de la administración de la sucesión, y que se nombre a un interventor judicial mientras se instruyan causas contra la familia.

De acuerdo a una información publicada por Clarín en julio pasado, el contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, tardó cuatro años en presentar la herencia del ex presidente Néstor Kirchner, fallecido el 27 de octubre de 2010 y en esos documentos se da cuenta de un total de bienes por 60.440.299,66 pesos, entre los cuales se incluyen propiedades, participaciones societarias en tres empresas, un auto, y depósitos bancarios por 33.791.077,67 pesos.

Voceros judiciales señalaron que el pedido de inhibición de bienes y apartamiento de Máximo Kirchner por parte de la UIF estaría motivados en presuntos "movimientos extraños" en la sucesión.

La solicitud fue hecha al juez federal Julián Ercolini, que tramita la causa por presunta asociación ilícita durante la gestión kirchnerista y el expediente sobre la sociedad propiedad de la familia "Hotesur".

Se espera que en las próximas horas el juez Ercolini resuelva el pedido de indagatoria que hicieron en agosto pasado y reforzaron esta semana los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques contra la ex presidenta, varios ex funcionarios y el detenido empresario Lázaro Báez.

Allí los fiscales acusaron a la ex jefa de Estado de haber montado una supuesta maniobra para favorecer a su "amigo y socio" Báez con adjudicaciones de obras viales multimillonarias en Santa Cruz, al que le adjudicaron "prácticamente el 80 por ciento" de los emprendimientos en Santa Cruz, en "forma discrecional, con enormes beneficios y sin controles".

En ese marco pidieron 34 indagatorias, encabezadas por Cristina, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, Báez y su hijo Martín.

Además de la indagatoria, los fiscales también solicitaron la inhibición general de bienes de todos los imputados.

En julio pasado, el juez federal Claudio Bonadio congeló los bienes de la ex presidenta Fernández luego de que se negara a cumplir el embargo de 15 millones de pesos en la causa llamada "dólar futuro", en que está procesada.

La ex jefa de Estado apeló ese procesamiento que ahora deberá revisar la Sala II de la Cámara Federal, luego de una serie de fracasos de recusación para el juez y los camaristas.

La inhibición de bienes es una medida cautelar que afecta a todo el patrimonio del imputado -de lo que se deja constancia en el Registro de la Propiedad-, a diferencia de un embargo que fija un monto.