Mauricio Macri envió a la Cámara de Diputados un proyecto para regular la compra y uso de semillas, que obliga a los agricultores a pagar por la multiplicación de eventos tecnológicos para el cultivo, un histórico reclamo de Monsanto. 

Según el texto, al que accedió en exclusiva LPO, cuando se trate de reproducción de semillas “en sentido botánico estricto”, el titular de esa variedad podrá reclamar propiedad intelectual, siempre que el agricultor posea una facturación “hasta tres veces la categoría más alta de monotributo”.

Se le da poder al Instituto Nacional de Semillas (Inase) para determinar la propiedad intelectual de las semillas y cambia su composición, con presencia de productores agropecuarios, obtentores y viveristas, entre otros.

Funcionarios del Ministerio de Agricultura presentaron el proyecto ante directivos de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), pero no los dejaron opinar.

“Nos dijeron que el debate será en el Congreso. No se si nos invitarán, pero vamos a ir”, anticipó a LPO su presidente, Alfredo Paseyro.

“Tenemos preocupación por el impacto que va a tener, porque hay una restricción a la tecnología en el proyecto y se limita el derecho de los agricultores”, denunció.

Paseyro sostuvo que con esta ley están “en riesgo” todas las inversiones, “no se genera trabajo” y “establece como parámetro el monotributo, que es ilógico, porque sólo el Gobierno controla su evolución”.

En un comunicado, ASA calificó el proyecto de “anticonstitucional” y se quejó porque no promueve “el mercado legal de semillas, la venta de semillas fiscalizadas”, ni establece “mecanismos fiables de control necesario para transparentar el mercado”.

“Desalienta las inversiones para el desarrollo e investigación de nuevas variedades y la introducción de nuevas tecnologías al mercado local tan necesarias para alcanzar los objetivos de producción planteados por el sector agrícola argentino”, denunciaron. El debate recién comienza.