Alfredo Cornejo envió a uno de sus colaboradores más cercanos a Salta, al encuentro Argentina Mining 2016, cuyo principal eje será analizar la “reinserción de la Argentina como destino de inversión Minera”, según la ponencia inaugural del secretario de Minería, Daniel Meilán.
Emilio Guiñazú es el secretario de Energía y Minería de Mendoza y el encargado de llevar adelante el proyecto llamado Espacio de Diálogo Minero, una iniciativa que lanzó Cornejo apenas asumió para debatir qué tipo de minería tiene licencia social en Mendoza para poder desarrollarse a fondo.
La intención era que especialistas, el Estado, empresarios y ambientalistas, se sentaran a la misma mesa a debatir y llegar a un acuerdo. La dinámica del Espacio funcionó en los primeros encuentros, hasta que las organizaciones pro agua y anti mineras dieron un portazo acusando al Gobierno provincial de “armar un teatro” para justificar la modificación de la ley provincial antiminera –la 7.722– que prohíbe hoy la megaminería metalífera en Mendoza.
Pese a eso, el Diálogo continuó, y la idea es que a fin de año dé las conclusiones a las que llegaron los participantes. Se descuenta que al menos en algunos puntos, recomendará modificar la ley 7.722. Es lo que desea Cornejo y sus funcionarios, pero sabe la vehemencia de las organizaciones ambientales a la hora de protestar. Es por eso que en el tema minero camina con pies de plomo.
De todas maneras, Guiñazú tiene órdenes claras de ofrecer el proyecto Potasio Río Colorado como una posibilidad de inversión segura. La mina que dejó a medio hacer Vale, podría reactivarse con un nuevo modelo, mucho más modesto que el original. Pero para eso hacen falta inversores fuertes. Es uno de los objetivos del funcionario en Argentina Mining.
“Este tipo de actividades son interesantes para escuchar diversas posiciones sobre temas que involucran a la minería, como el impacto ambiental y temas legales y económicos que nos van a ayudar a enriquecer la información que estamos procesando para el Espacio de Diálogo”, fue la lavada visión del funcionario respecto a Argentina Mining, que, claro está, es mucho más que eso que describió.
Por el
sector empresario mendocino, expondrá Guillermo Pensado, de la Cámara Minera de Mendoza, quien calificó
de “populistas” los argumentos de los ambientalistas que buscan que no se
modifique la ley antiminera local.
No obstante, el gobernador, quien está sufriendo la caída abrupta de recaudación por el freno a la economía impuesto por el Gobierno nacional, sabe que necesita urgente diversificar la matriz productiva de Mendoza. Y el camino más corto es que de una vez San Jorge comience a funcionar.
Se trata de la mina de oro y bronce en la localidad cordillerana de Uspallata que murió antes de nacer por la ley 7.722. No obstante, hay una luz de esperanza: llevar la piedra en bruto por un tren de 22 kilómetros a San Juan y ahí hacer el proceso que la norma mendocina prohíbe.
El esquema sería el de dividir regalías, pero no estaría nada mal a los ojos del Gobierno en époco de vacas muy flacas en relación a la recaudación de impuestos. Además, la eliminación de las retenciones a las mineras, debería ser un aliciente para que los rusos que hoy controlan San Jorge, se animen a realizar la variante –respecto al proyecto original– con el tren a San Juan.
Con las propuesta de Potasio Rio Colorado y San Jorge, llegará el enviado de Cornejo a Salta. Mucho más por ahora no puede ofrecer, aunque sí la promesa de que el actual Gobierno provincial apoyará con medidas concretas a los interesados.
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La Argentina es escenario de un conflicto que protagonizan dos gigantes de la industria minera internacional. Se trata por un lado del grupo Luksic, propiedad de una de las familias más ricas de Chile dedicada a las explotaciones mineras, los ferrocarriles y las bebidas (entre otras, son dueños de la cervecera CCU). Del otro lado, se encuentra el grupo suizo Glencore, uno de los mayores en negocios mineros, de energía y agricultura en todo el mundo.
El problema comenzó hace casi 10 años. El grupo Luksic, a través de la firma Antofagasta, opera desde 1999 la mina Los Pelambres en Chile, pegada a la frontera argentina a la altura de la provincia de San Juan.
Según consta en la denuncia, a partir de 2007 Los Pelambres construyó una escombrera de alrededor de 60 hectáreas traspasando la frontera, en suelo sanjuanino, sin permisos.
Las tierras que ocuparon pertenecen al proyecto Pachón, de Glencore, en San Juan. La firma suiza asegura que no solo no autorizó esa construcción (tampoco la provincia) sino que además allí se depositan rocas con potencialidad de daño ambiental y se afectaron lagunas y cauces de agua. En 2014, ante la continuidad de funcionamiento de la escombrera, Pachón inició la demanda para que se retire, se haga una rehabilitación ambiental de la zona y se paguen daños y perjuicios. En el sector se estima que solo el retiro de la escombrera demandaría unos u$s 200 millones.
Ahora, el Juzgado Federal Número 2 de San Juan resolvió citar a declaración indagatoria al actual Gerente General de Minera Los Pelambres, Robert Andrew Mayne-Nicholls Secul, y a dos ex Gerentes Generales, Ignacio Cruz Zabala y Alberto Cerda Mery. Deberán presentarse a fines de octubre. Los delitos por los que están imputados son contaminación (art. 55 de la ley 24.015), usurpación de propiedad privada (art. 181, incisos 1 y 2 del Código Penal Argentino), y usurpación de aguas (art. 182, incisos 1, 2 y 3 del Código Penal Argentino).
La escombrera ya contiene aproximadamente 50 millones de toneladas de material y unos 500 neumáticos usados. Y según analizan en Glencore todavía es difícil de saber cuáles son los daños ambientales ya ocasionados, además de las consecuencias que tendrá en el proyecto Pachón, que todavía no tiene fecha de comienzo.
El tema está siendo tratado también a nivel provincial y entre la Argentina y Chile. La administración sanjuanina firmó un acuerdo con Minera Los Pelambres para avanzar en una solución, pero desde Glencore pretenden su nulidad ya que consideran que no hay precisiones para los trabajos que deben realizarse. Esta semana se habilitó un paso fronterizo para que se retiren los neumáticos y se aisle la escombrera, pero no tiene fechas ni se resuelve la quita de la escombrera en suelo argentino. Por las consecuencias ambientales que puedan ocasionarse, numerosas ONGs expusieron su preocupación. Hay además un pedido de la cancillería argentina con el objetivo de devolver la situación al estado anterior a la construcción de la escombrera, que todavía no avanza.
El conflicto se da en un momento en donde las mineras están afectadas por los bajos niveles de precios de los commodities a nivel internacional.