La Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad un pedido de Elisa Carrió para que hagan públicas sus declaraciones juradas de bienes, al igual que todos los jueces federales, en una jugada que era leída como una presión de Lilita a Ricardo Lorenzetti.

El máximo tribunal ratificó este martes la acordada 9/2014, que estableció el reglamento de presentación de las declaraciones juradas de los jueces y funcionarios del máximo tribunal y que los exime de publicar los detalles de su patrimonio y sólo los obliga a mostrar datos básicos.

La líder de la Coalición Cívica cuestionó duramente la resolución y se quejó porque "hay desigualdad ante la Ley porque el resto de los funcionarios públicos y legisladores deben hacer público toda su declaración y ponerla a disposición de cualquier persona en internet". "La Corte no tiene privilegios y la Ley de Ética pública debe regir para todos los funcionarios de todos los poderes de la Nación", apuntó Carrió.

Semanas atrás, Carrió y el diputado Fernando Sánchez habían calificado como "una cargada" la información que les remitió la Corte en base a la acordada 9/2014 y exigieron una nueva reglamentación para adecuarse a lo establecido en la Ley de Ética Pública, ya que los magistrados sólo mostraron su patrimonio pero sin dar precisiones sobre sin integraban sociedades o qué parte correspondía a inmuebles.

El primer pedido de Carrió fue en mayo y rechazado de plano por los jueces federales y los cortesanos. Pero la diputada insistió en agosto, después del fallo que volteó el aumento de la tarifa de gas. Es por eso que la jugada fue leída como una presión directa a Lorenzetti y sus colegas.

Esta embestida pareció confirmarse unos días después cuando la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, le ofreció a la Corte su “cooperación y asistencia técnica” para publicar las DDJJ en la web de la OA. 

En su resolución, los cortesanos sostuvieron que la acordada "resulta una reglamentación constitucionalmente apropiada del régimen normativo vigente" y que al establecerla el máximo tribunal "no hizo más que poner en ejercicio facultades reglamentarias".

Según la acordada 9/2014, la declaración de los jueces sólo "podrá consultarse exclusivamente través de la página web del Tribunal" y "el solicitante deberá identificarse y quedará sometido las disposiciones y sanciones previstas en las leyes 25.188 y 25.326", según consigna el CIJ.

La Corte argumentó que la regulación de la publicidad de las declaraciones juradas "requiere la imprescindible conciliación de dichos propósitos (acceso a la información y conocer el patrimonio de los funcionarios) con la debida reserva y protección que deben tener los datos personales allí consignados, también de raigambre constitucional".

En un comunicado difundido después de la resolución, Carrió aclaró que "salvo números privados de tarjetas de crédito, números de cuentas de bancos que sí deben ser reservadas, no pueden ser reservados la propiedad de los inmuebles, bienes muebles así como los depósitos en cuentas, participación en mutuales y en sociedades".