La Justicia ha emitido una serie de fallos que han ganado la atención pública. Algunos de ellos tienen importancia política, como el severo fallo de la Cámara de Casación Penal que ha puesto fin a uno de los planteos procesales del Vicepresidente de la Nación, o la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán, en el marco de una presentación de la AMIA, dictada por la Cámara Federal.

Gobierno y Justicia tienen una relación tensa. Esto en sí, no tiene una peculiaridad respecto de otros países, donde funcionan los tres poderes. Se sabe, las lógicas políticas y las judiciales son sustancialmente diferentes. Y en general, dada la ejecutivización del poder político en casi todas las democracias occidentales desde fines del siglo pasado, ciertos pronunciamientos de la Justicia suelen incomodar o sorprender al gobernante de turno.

Pero el kirchnerismo tiene en su génesis un núcleo original de enfrentamiento con cierta parte del Poder Judicial sobre el que embistió en sus comienzos, con éxito, y que le valió acumular poder: son recordadas las remociones de ciertos miembros de la Corte Suprema de Justicia a los que asoció con la década menemista, mediante juicio político o presión para obtener sus renuncias.

Menos recordada tal vez es la intención que tuvo en cierto punto la naciente administración de Néstor Kirchner, cuando aún contaba entre sus filas con Gustavo Béliz, quien traía la intención de fusionar el fuero federal penal con los juzgados criminales de instrucción con asiento en la Capital Federal, y asimismo, instalar los juicios por jurados.

Aquellas intenciones fueron rápidamente desechadas con la salida de Béliz y su grupo de colaboradores. El kirchnerismo cambió de estrategia y también de tácticas y supo conseguir tal vez mejores relaciones con ciertos jueces federales de las que pudiera haber soñado en su momento el menemismo.

Sin embargo, desde la crisis de las reservas en el verano de 2010, cuando la Justicia Contencioso Administrativa fulminó el fondo del Bicenteanario, la relación con el Poder Judicial ha acumulado más malas noticias para el Gobierno de las que parece dispuesto a aceptar. Desde aquel momento la Presidente de la Nación y otros voceros se quejan de la “justicia cautelar” equiparando a las medidas cautelares con intentonas golpistas o desestabilizadoras. Así se llegó hasta el intento de “democratizar la Justicia” que naufragó en su mayor parte en la Corte Suprema.

Las cuestiones que ahora se ventilan tienen quizá cada vez mayor relevancia por cuanto el oficialismo enfrenta la parte final del mandato, sin posibilidad de reelección. En este sentido, ¿son esperables más sentencias que irriten al kirchnerismo? ¿Permanecerán aliados los jueces que hoy parecen afines al Gobierno?

No hay una sola respuesta. Es bastante antigua la admonición contenida en el Martín Fierro acerca de cultivar la amistad con los jueces, sin embargo, a juzgar por el precedente de Carlos Menem, de quien se dice que escuchó incrédulo como en el mismo acto en que lo notificaba de su detención, el entonces juez Daniel Urso le decía la frase “yo a Ud lo admiro Presidente”, esa "amistad" pareciera quedar rápidamente en el olvido cuando se pierde el poder.

Urso había sido impulsado por el menemismo para llegar a Comodoro Py, y en pleno apogeo del Kirchnerismo cometió el “error” de librar una orden de detención sobre Luis D´Elía por haber tomado una comisaría. Renunció en 2006 y enfrentó varias causas, una de ellas por enriquecimiento ilícito, en la cual fue recién sobreseído el año pasado. El líder del partido MILES sigue con notoriedad, pero enfrenta varias causas, entre ellas, la de la Comisaría.