En la Argentina un Tribunal condenó a una persona a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores. La pena es alta porque el delito es agravado porque el delincuente es sacerdote y era el encargado de proteger y tutelar a la víctima.

Hasta aquí lo dicho es normal para estos tipos penales, ahora, en la misma sentencia, el Tribunal autoriza al condenado a entrar y salir cuando quiera de la Fundación Felices los Niños, lugar donde se consumó el delito y donde viven cerca de cuatrocientos chicos en la mismas condiciones que se encontraba la víctima en 1996. Todos fueron derivados por jueces de menores que deben velar por su “tutela”.

“Gabriel” es hoy un joven de 25 años, a quien la vida no le fue fácil. Al morir su madre a la edad de 5 años, su padre lo abandonó y deambuló por las calles hasta que a los 12 fue derivado a la Fundación por orden judicial.

Al cabo de seis meses en ella, se quejaba de la violencia que existía entre los jóvenes allí hospedados. Escribió una carta a Juan Domingo Pérez, virtual número 2 de la ONG, manifestándole la situación, quien informó al sacerdote. Una noche este último lo convocó a su “oficina-hogar” para escuchar sus quejas. Como consuelo, consumó el abuso.

El chico con apenas 12 años, prefirió el hambre y el desamparo antes que la humillación, por lo que se fugó para siempre de la casa. Seis años le llevó procesar lo que le había ocurrido y en 2002 hizo la denuncia. Tuvo suerte, que periodistas sensibles dieron visibilidad a su drama. A partir de allí, la vida de “Gabriel” fue un calvario peor que el que había llevado hasta sus 18 años.

El otro Moreno Ocampo

Cuando su testimonio salió a la luz, el entonces mayor “luchador” por la transparencia
en la Argentina, ex presidente de Poder Ciudadano y actual Fiscal de la Corte Penal Intenacional, Luis Moreno Ocampo, y su socio Hugo Wortmann Jofré, actual Vicepresidente de Poder Ciudadano, lo acusaron en el programa de Mariano Grondona, de haber extorsionado al cura, dos horas antes de la emisión del programa Telenoche Investiga donde se iba a relatar la denuncia. Contaron que el chico había ingresado a la sede de la ONG a decirle que si no le pagaba una suma de dinero iba a denunciarlo. La Justicia constató que tras grabar su presentación varos días antes en el ciclo de Canal 13, Gabriel había abandonado la Ciudad de Buenos Aires, por lo que desestimó rápidamente el planteo.

Posteriormente, su padre apareció para ofrecerle $50000 de parte del sacerdote para que retirara su acusación. Como no transaba empezaron las amenazas, tanto a él como a Enrique Stola, su psiquiatra. De las palabras se pasó a los hechos y en tres oportunidades el joven fue golpeado en la vía pública, por lo que se pidió el programa de protección de testigos de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, en el cual reside hasta el día de hoy. Es decir: mientras el acusado gozaba de su libertad, la víctima hace 3 años vive como un detenido.

Ante la inminencia del Juicio Oral en junio del 2006 y al ver que “Gabriel” no tenía
precio, funcionarios judiciales le tendieron una trampa al escribir una nota por un tema especifico y le dictaron que pusiera que renunciaba a ser “particular damnificado”. En términos comunes: retiraba la denuncia. Él no sabía que esto era nada más y nada menos que la caída de la causa.

Nos enteramos de este hecho por el título de un diario financiero afin a Grassi, nada más lejos de la realidad en la mente de nuestro defendido. Entre la fiscal Sandra Míngolo y el doctor Gastón Carrere nos vimos en figurillas para reincorporar a “Gabriel” al proceso, recién la Cámara de Casación nos volvió al mismo y un fallo ejemplar de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires.

Las pruebas

Todo lo que nos contó “Gabriel” que pasaba en la fundación fue corroborado hace poco más de 20 días, por el defensor de menores Marcelo Jalil, ante una denuncia del obispo Benítez Astoul en nombre de la diócesis de Buenos Aires a la sede Chacarita de la Fundación Felices los Niños. En palabras de la jueza Miryam Rustam de Estrada, “los chicos de 12 años abusaban sexualmente de los de 5”, por lo que ordenó evacuar el lugar. La misma patota que se interpuso en Chacarita para que la jueza no cumpla su decisión, se presentó el día miércoles a golpear a los denunciantes en Morón.

La conducta de Gabriel en la búsqueda de justicia merece una reparación para todos los jóvenes que viven hoy su misma situación. El permiso que el tribunal le dio a Grassi para ingresar a la Fundación después de considerarlo un abusador sexual y corruptor de menores, me hace acordar la frase del gran jurisconsulto Romano, Paulo, “No todo lo que es lícito es honesto”.

Eduardo Valdés fue defensor de “Gabriel” hasta el juicio oral.