04 de mayo, 2024
Editorial
¿Poder? ciudadano
 | Laura Alonso, directora de Poder Ciudadano es candidata a diputada nacional por el Pro en las próximas elecciones. Con esta decisión la ONG ha renunciado al objetivo de velar por la transparencia de las instituciones democráticas para transformarse en una plataforma de lanzamiento polÃtico de sus integrantes. José Nun y Mario Rejtman Farah, son los antecedentes que ya marcan una tendencia. |
Con motivo de la postulación de Laura Alonso, Directora Ejecutiva de Poder Ciudadano, como candidata a diputada nacional por el PRO de Capital Federal, la ONG aclara en un comunicado que “ven positivo que sus referentes asuman candidaturas en la disputa electoral.
Sería aconsejable que la organización cambiara su código de Ética que en su página web establece: “Como norma general, es conveniente que ningún miembro se desempeñe en cargos públicos ni partidarios ni se postule a cargos electivos”. O una cosa o la otra. No se puede ser juez y parte.
Advierten que si Laura Alonso llegara a presentarse en la lista debería renunciar a la ONG. Si por una de esas casualidades el sábado 9 de Mayo, día de cierre de las candidaturas, llega a caerse del 5º lugar al que está nominada, conservaría su cargo de directora ejecutiva.
Está claro que Poder Ciudadano ha renunciado al objetivo que tuvo al escribir su Código de Ética, velar por la transparencia de las instituciones democráticas, para transformarse en una plataforma de lanzamiento político de sus integrantes.
Tiene el antecedente de su último presidente, Mario Rejtman Farah, quien tuviera que renunciar en el año 2003 cuando al ser descubierto por la periodista María Fernanda Villosio que cobraba una jubilación de privilegio de US$ 3900 desde el año 1990 (gobierno de Menem) hasta el año 2001. Ese año suspendió ese privilegio (sin renunciar) al lograr que Fernando De la Rúa lo nombrara el 18 de Diciembre del 2001 auditor de SADAIC, gremio que acababa de intervenir el Estado, con un sueldo que llegaba a la suma de $39.000.
Sólo falta añadir dos hechos: que hasta hoy, por ratificación del Secretario de Cultura, José Nun, el ex presidente de la Fundación conserva este trabajo, pero sus ingresos ya ascienden a $ 51.000 y que la ONG que vela por la transparencia nada ha denunciado sobre las remuneraciones que se pagan en estas intervenciones del Estado.
Sin integrar Poder Ciudadano ni Mario Rejtman Farah sería auditor en SADAIC ni Laura Alonso hubiese sido tenida en cuenta para ser candidata del PRO. Bueno sería admitirlo.
Sería aconsejable que la organización cambiara su código de Ética que en su página web establece: “Como norma general, es conveniente que ningún miembro se desempeñe en cargos públicos ni partidarios ni se postule a cargos electivos”. O una cosa o la otra. No se puede ser juez y parte.
Advierten que si Laura Alonso llegara a presentarse en la lista debería renunciar a la ONG. Si por una de esas casualidades el sábado 9 de Mayo, día de cierre de las candidaturas, llega a caerse del 5º lugar al que está nominada, conservaría su cargo de directora ejecutiva.
Está claro que Poder Ciudadano ha renunciado al objetivo que tuvo al escribir su Código de Ética, velar por la transparencia de las instituciones democráticas, para transformarse en una plataforma de lanzamiento político de sus integrantes.
Tiene el antecedente de su último presidente, Mario Rejtman Farah, quien tuviera que renunciar en el año 2003 cuando al ser descubierto por la periodista María Fernanda Villosio que cobraba una jubilación de privilegio de US$ 3900 desde el año 1990 (gobierno de Menem) hasta el año 2001. Ese año suspendió ese privilegio (sin renunciar) al lograr que Fernando De la Rúa lo nombrara el 18 de Diciembre del 2001 auditor de SADAIC, gremio que acababa de intervenir el Estado, con un sueldo que llegaba a la suma de $39.000.
Sólo falta añadir dos hechos: que hasta hoy, por ratificación del Secretario de Cultura, José Nun, el ex presidente de la Fundación conserva este trabajo, pero sus ingresos ya ascienden a $ 51.000 y que la ONG que vela por la transparencia nada ha denunciado sobre las remuneraciones que se pagan en estas intervenciones del Estado.
Sin integrar Poder Ciudadano ni Mario Rejtman Farah sería auditor en SADAIC ni Laura Alonso hubiese sido tenida en cuenta para ser candidata del PRO. Bueno sería admitirlo.
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AsÃ, informo que la disposición transitoria primera de la norma mencionada prohÃbe, de manera expresa, estos nombramientos, pues refiere que los cargos "sólo podrán ser cubiertos conforme el mecanismo constitucional".
Además, los nombramientos en comisión se avalaron, como excepción y por única vez, en la cláusula transitoria decimosegunda de la Constitución de la Ciudad, o sea, cuando se constituyeron por primera vez los órganos de poder locales, ya que el nombramiento de los Fiscales se realiza por concurso de oposición y antecedentes de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 116, 118 y 126 de la Constitución citadina.
En definitiva, los concursos se harÃan con posterioridad, como pantalla para legalizar una maniobra tendiente a nombrar a los amigos del poder de turno, que según se comenta, serÃan integrantes actuales del fuero federal.
Señores, no nos engañemos, Poder Ciudadano es solo una de las tantas ONGs que lleva adelante estas prácticas, lejanas a la militancia y muy cercanas a los intereses de sector.