Seis meses después

Se cumple medio año de mandato de Cristina Kirchner. Las encuestas son inequívocas: la mayoría rechaza el rumbo elegido.

Buenos Aires, lapolíticaonline, 08/06/08, 13:20

Al cumplirse seis meses del segundo período de gobierno de la familia Kirchner, el balance que dictan los estudios de opinión pública es inequívoco: tanto la presidente como la administración oficialista recibenla mayor mayoría de calificaciones negativas. La caída de imagen de la presidente y el rumbo que imprime a la gestión su esposo, que actúa como gran timonel del gobierno, inquietan seriamente a varios ministros y a algunos de los dirigentes justicialistas que tienen que dar la cara por ellos.

De esos seis meses, la mitad fue consumida por el conflicto con el campo –es decir, con el sector más competitivo y extendido de la producción nacional-, una pelea extenuante, gatillada por una disposición de cuestionada legalidad  y de chapucera confección, cuyos errores, que condujeron a la renuncia del ministro que la redactó, admitió el propio oficialismo.  Pese a esos rasgos, el gobierno estableció como cuestión de honor la terca defensa de la medida y se empeñó en una batalla de la que sólo considera digno emerger después de hacer hocicar a cualquier costo a los productores que la impugnaron.

Coherentes

Hay coherencia entre el aislamiento internacional en que el gobierno ha sumido al país (y que parece preferir) y su voluntad de aplastar al sector agrario: el campo es la llave maestra para la inserción competitiva de Argentina en el mundo. Imponer la lógica oficialista en la producción agraria –el "modelo" kirchnerista centralista y confiscatorio- es tirar al mar la llave de la inserción mundial de la Argentina.

Exponiendo su curiosa concepción del orden y el gobierno, Néstor Kirchner arengó esta semana a los suyos (un grupo que vacila con el paso de las horas y se encoge con el paso de los días) afirmando que serán los productores agrarios, y no el gobierno, los que "tendrán que asumir los costos" que impone la prolongación de la pulseada. Como si la misión gubernamental consistiera en tirar la piedra, esconder la mano y observar el paisaje. En rigor, el campo dio reiteradas muestras  de su disposición a arreglar las diferencias por la vía de la negociación, mientras el gobierno optaba por cortar las instancias de diálogo, decidir medidas unilateralmente y echar leña al fuego, con palabras, con gestos y con hechos.

A mediados de la última semana, la irrupción en el escenario del conflicto de un nuevo actor pareció una nueva jugada dispuesta por el oficialismo para hostigar a los productores y culparlos de las consecuencias: los camioneros transportistas de grano decidieron bloquear totalmente rutas en las provincias agrarias, amenazando el abastecimiento de amplios sectores de la población. Pese a que el bloqueo afectó desde el principio a centenares de sus afiliados que quedaron paralizados por los piquetes de los transportistas, el oficialista Sindicato de Camioneros de la familia Moyano aplaudió los bloqueos, mientras el ministro de Interior, Florencio Randazzo los consideraba "justificados" por "el paro salvaje" del sector rural.  Concentrado en las palabras, la inacción del ministro era una confesión de impotencia ante el desabastecimiento potencial y el cumplimiento de la consigna de Néstor Kirchner: pasarle la factura de todo y de cualquier cosa a las entidades agrarias.  

Negociadores

Puesto que el oficialismo se desentendía de todo lo que no fuera la terca insistencia en las resistidas retenciones móviles y la búsqueda de una derrota del sector rural, otros actores asumieron la responsabilidad de buscar soluciones –o, al menos, salidas- al largo conficto.

El jueves, tras una reunión de urgencia de la Conferencia Episcopal, la Iglesia, preocupada por las amenazas contra la paz social y por la posibilidad de que "nuestras relaciones sigan marcadas por la confrontación", solicitó "encarecidamente" a la señora de Kirchner la convocatoria "con urgencia a un diálogo transparente y constructivo", exhortando a un gesto de grandeza. Pidió simultáneamente a los ruralistas que reconsideraran sus estrategias de protesta, pues ""no es una las calles ni en las rutas donde solucionaremos los problemas", por justas que sean las reivindicaciones.

Ese mismo día, el gobernador de Santa Fé, el socialista Hermes Binner, convocaba a una asamblea de fuerzas vivas –una suerte de cabildo abierto-  en la sede del gobierno provincial y promovía una declaración convergente con la exhortación de los obispos. Sugería a la Presidente que retrotrajera la situación al día anterior a la imposición de las retenciones móviles y citara al Consejo Nacional Agropecuario ampliado (un ente que reúne a los gobiernos de provincias, al de la Nación y a las entidades del campo) para debatir en ese ámbito una política agropecuaria en la que tengan participación todos los sectores involucrados. Y pedía a los sectores rurales que pudieran fin al paro agropecuario.

También el jueves, el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, llamó a las entidades rurales, al jefe de Gabinete Alberto Fernández y al ministro de Economía Carlos Fernández a una audiencia a realizarse el lunes 9, para buscar una solución al conflicto. El funcionario reclamó como condición que al momento de producirse la reunión no debía estar en vigencia ninguna medida de acción directa.

Al día siguiente, haciéndose eco de esos pedidos, las entidades anunciaron –tras una extensa deliberación y frecuentes contactos con las asambleas de base en todo el país- que el paro agrario cesaba el último minuto del domingo 8. Fue una decisión fuerte: los directivos de la Federación Agraria, Las Confederaciones Rurales, Coninagro y la Sociedad Rural  asumieron ese nuevo gesto de distensión mientras desde el gobierno continuaban emergiendo palabras de hostigamiento, que con las horas tomarían como blanco también a la Iglesia y a los gestos de Binner y Mondino. Las respuestas parecen adelantar la actitud que el oficialismo mantendrá la próxima semana: insistir con la defensa de las retenciones móviles.

Respetuosos

"Es casi irrespetuoso que le pidan un gesto de grandeza al gobierno -replicó el ministro de Justicia Aníbal Fernández a la Iglesia y a Binner-; quienes lo están pidiendo debieran estar asociados a la idea de igualdad".

En cuanto a la convocatoria del Defensor del Pueblo, los voceros oficiales pusieron en duda la asistencia de los representantes del gobierno, porque –argumentaron- éste "no necesita de mediadores". Mondino les respondió de sobrepique: "Lo mío no es un a mediación, es una acción legal. Si los convocados no concurren estarán quebrando la ley. Los funcionarios deberían conocer la Constitución".

No sólo en ese aspecto hay gente que duda de ese conocimiento. Varios constitucionalistas sostienen que las  retenciones que le han permitido al gobierno disciplinar a tantos gobernadores e intendentes son inconstitucionales, ya que se trata de impuestos, y estos deben ser aprobados por el Congreso. El principio de "ninguna imposición sin representación" es un rasgo característica de los regímenes legales de Occidente. Que el Poder Ejecutivo decida unilateralmente la imposición (y que, además, merced a los superpoderes, disponga el destino de los recursos ignorando la Ley de Presupuesto) equivale a que en un edificio de propiedad horizontal haya vía libre para que sea el administrador (y no los copropietarios) quien decida sin apelación el monto y  la asignación  de las expensas.

Las retenciones móviles tras las que el gobierno se atrincheró tienen además estas objeciones: ni siquiera fueron fruto de un decreto presidencial, sino de una reglamentación de menor jerarquía, una resolución ministerial (del mismo ministro que fue despedido por suscribirla); su alcance, por otra parte –al imponer cargas que van desde el 45 por ciento a eventualmente, un 95 por ciento del diferencial de precio- es confiscatorio, a la luz de fallos previos de la Corte Suprema, que consideran expropiatorias gabelas "cuando superan –ha explicado el doctor Félix Loñ- el 33 por ciento del valor de la propiedad o de la renta".

Obcecado en la defensa de una norma de vidriosa constitucionalidad y en un objetivo de cuestionable sensatez (doblegar al sector económico más extendido en el país, más competitivo y al que genera más puestos de empleo directo e indirecto), el segundo gobierno de los Kirchner llega a su sexto mes  con el aliento entrecortado de quien estuviera ya al final de una competencia que, en rigor, recién empieza. Si el gobierno mantiene su postura, el conflicto continuará. El campo y el interior modificarán sus estrategias, pasarán de las rutas a las plazas, movilizarán las instituciones, seguirán trabajando, cada vez con más compañía, sobre el frente interno del gobierno. Es el gobierno el que impone la pelea. Habrá que ver quién se impone.