Se acabó la mentira de los pobres
Cerrar la “cuenta social” de los argentinos, como dijo Cristina, requiere abandonar la mentira que supone ocultar 4.800.000 pobres.
Buenos Aires, lapolíticaonline, 10/06/08, 13:57
Ojalá sea cierto que el Gobierno ha decidido ponerle prioridad a "cerrar la cuenta social" de los argentinos. Máxime, cuando desde 2007 para acá el hambre crece junto con la economía.
Hacer esto requiere abandonar la mentira que supone ocultar 4.800.000 pobres y 2.800.000 indigentes y supone poner en marcha nuevas políticas en materia social que, recuperando la universalidad, permitan construir un piso mínimo de ingresos que elimine de cuajo la pobreza en nuestro país (con solo una inversión del 1 % del PBI se eliminaría la indigencia y con el 5 %, la pobreza). Argentina lo puede resolver pero solo lo hará si los sinceramientos que buscan abrir nuevas etapas están dotados de profundidad.
Si se llegó a lo que se llegó fue también porque el Gobierno promovió estrategias inadecuadas y eligió mal sus aliados. Así, en el caso agropecuario, convalidó el boom sojero, acordó con las multinacionales de la actividad y postergó durante 5 años a los productores más débiles. En ese marco, sus socios repudiaron las retenciones y no logra credibilidad en los que jamás recibieron apoyo oficial alguno.
Por otra parte, no resulta muy claro que luego de afirmar, durante 80 días, que las retenciones eran para distribuir el ingreso, hoy se explicite ese objetivo para las que exceden el 35 %. Si el objetivo es la redistribución con las provincias es bueno recordar que el incumplimiento de la ley de coparticipación, desde el 2003 para acá, ha hecho que las provincias perdieran $ 150 mil millones y que durante el 2007 y lo que va del 2008 ni siquiera se haya cumplido con la garantía que la ley establece, por la cual, las provincias deben percibir, por lo menos, el 34 % del total de la recaudación nacional (están percibiendo no más del 27 %).
Para el 2008, el total de recaudación que se obtendrá por impuestos al comercio exterior supera los $ 50.000 millones. A las provincias les corresponderían por ley $ 30.000 millones. La propuesta oficial es, por lo menos pobre en la magnitud de los recursos que pretende redistribuir.
