Mobiliario urbano porteño: un millonario negocio sin licitar

Hace más de tres años que se intenta concluir una licitación por la publicidad en la vía pública cuyas concesiones están vencidas, pero amparos y falta de gestión confluyeron para que el tema siga pendiente. La lucha de las empresas por quedarse con el mercado y el lobby de “Pepe” Albistur.

Buenos Aires, lapolíticaonline, 16/05/08, 20:06

La ciudad está invadida de publicidad: en las paradas, en los carteles con los nombres de las calles, en refugios de colectivos y taxis, en los centros de trasbordo y en las pantallas iluminadas.

Es que la licitación del mobiliario urbano sigue siendo otro de los ejes centrales de las que se tendrá que ocupar Mauricio Macri. Y, lejos de ser un tema menor, aquí se ponen en juego los negocios de grandes empresas por un valor de más de 300 millones de pesos.

A esta contaminación visual que se genera por la retrasada adjudicación de concesiones hay que sumarle alrededor de 30 mil carteles ilegales que el gobierno ya comenzó a eliminar en un ambicioso plan que lleva adelante el ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo.

Sin embargo, el mobiliario urbano sigue siendo una preocupación en el seno del gobierno. Durante la gestión de Jorge Telerman, mientras se seguían pagando cánones irrisorios producto de años en el que el ibarrismo se desentendió del tema, se había reiniciado el proceso licitatorio con todas las empresas más importantes pero se terminó cayendo.

Ni bien asumió Macri se decidió, por decreto, prorrogar los contratos por un año desde el 1 de enero y subir el canon anual de $ 400.000 a $ 8 millones.

Además, según informó el gobierno porteño al diario La Nación, se incorporó una cláusula para aumentar un 20 por ciento el canon desde julio, si es que no hay adjudicaciones.

En principio, los contratos están vencidos, en algunos casos, desde hace 7 años, y en otros llegan hasta 12, es decir entre 1996 y 2001 en la mayoría de casos. Desde allí, los distintos problemas y discusiones sobre qué hacer con la licitación llevaron a una demora que todavía no tuvo una solución definitiva.

Las empresas que explotan la vía pública

Hay cinco empresas que obtuvieron la prórroga fueron Spinazzola, Publicidad Rainbow (del secretario de Medios del gobierno nacional, Enrique “Pepe” Albistur), Publicidad Sarmiento (de Osvaldo Terranova), Wellon (vinculada al empresario Carlos Ávila) y el grupo conformado por Lesko, Siemens y Trabacar. Estas cinco son aquellas que actualmente juegan en el mercado porteño.

Sin embargo la situación de todas no es la misma: Rainbow y Wellon tiene su contrato vencido desde 1996. Ellas dos explotan las pantallas publicitarias y los carapantallas. En el caso de Rainbow logró ingresar en el espacio urbano gracias a los buenos oficios del menemismo, años antes de que la Capital Federal se transformara en autónoma

Por su lado, Spinazzola tiene el control de los refugios de colectivos; Sarmiento, los carteles lumínicos; y UTE la publicidad en los carteles con nombres de las calles y las paradas de colectivos y taxis.

La nueva licitación, sin avances

Si bien el macrismo había adelantado que enero de 2009 podrían diseñar un nuevo pliego para volver a licitar el mobiliario urbano porteño, según pudo saber este medio, todavía “no hay avances” sobre el tema.

Sin embargo, estaría en estudio una nueva ley para endurecer la regulación que aún no llegó a la Legislatura porteña.

Un negocio con licitaciones en el olvido

Como se dijo, la falta de licitaciones sobre la publicidad en la vía pública no es un tema que concierne a la actual administración, sino que atañe a Fernando De la Rúa, a Aníbal Ibarra y a Jorge Telerman.

En 2000, a partir de una ley, se aprobó el llamado a una nueva licitación. Sin embargo, nunca se pudo avanzar porque dos años después otra iniciativa estableció que el diseño del mobiliario debía decidirse a través de un concurso de arquitectos y así se paralizó el proceso licitatorio.

Cuatro años más tarde se concluyeron los pliegos, que a esa altura se habían vuelto un trámite casi interminable y engorroso, y en 2005 Ibarra llamó a licitación. En ese entonces cada empresa debía invertir $ 30 millones en no más de dos años.

Parecía que finalmente se regularizaría la situación, sin embargo una de las empresas, Atacama (más pequeñas que las otras) cuestionó el pliego en la Justicia aduciendo que favorecía a aquellas empresas que ya estaban instaladas en la vía pública porteña.

En ese entonces se especuló con que, detrás de este amparo judicial, en realidad se escondía el lobby de Albistur para poder mantener el statu quo y dilatar los tiempos para que no se cambies las inmejorables condiciones.

En 2006, con Telerman en el poder, se había preparado nueva una licitación. Inclusive los legisladores porteños le consultaron al ex ministro de Hacienda Guillermo Nielsen sobre los irrisorios montos de los cánones y nunca les respondió. A pesar de ello se había comprometido ante la Legislatura a enviar la información cuando se discutía el Presupuesto 2007.

En abril del año pasado recién el Ejecutivo llamó a esta nueva licitación donde se presentaron los pliegos. La apertura de sobres con 8 empresas fue presentada, como se dijo, con “bombos y platillos” en julio. Se trataba de: el Grupo al Sur (a nombre de la ex esposa y los hijos de Albistur), Publicidad Sarmiento y Spinazzola; tres empresas de publicidad en la vía publica, Carlos Girola, Viacart (estaría ligada a Daniel Hadad) y PC Publicidad (tiene carteles en la avenida Lugones). También se presentaron la UTE Lesko, Sacifia, Maillard y América TV.

Sin embargo, otra vez, el juez Juan Cataldo dio a lugar a otro amparo que terminó de congelar el proceso licitatorio. Esta vez, fue la empresa E.L. Medios, que es parte integral de la Cámara Argentina de la Vía Pública. A pesar de ello, el Gobierno de la Ciudad apeló la medida y, si bien se espera una resolución, el macrismo busca ver cómo resuelve el tema.

Esa licitación aún trabada pretendía dividir la ciudad en tres zonas y que tiene ciertos parámetros con los que no estarían de acuerdo las empresas. Además buscaba que tres concesionarias instalen durante diez años el mobiliario y lo mantengan bajo determinadas condiciones.

Lo cierto es que, por ahora, no está definido cómo se verá la ciudad y si la contaminación visual que actualmente afecta a los porteños será desterrada.