Finalmente se cierra la causa de los fondos de Santa Cruz
Un juez de Río Gallegos ratificó la absolución de Kirchner y de tres gobernadores. Así desestimó la denuncia del fiscal Vivanco y archivó la causa en el que se le pedía la indagatoria al ex presidente Kirchner.
Buenos Aires, lapolíticaonline, 21/06/08, 09:58
El juez de recursos Rubén Lobos desestimó la denuncia del fiscal Andrés Vivanco para investigar los fondos extraordinarios de Santa Cruz y de esta forma archivó la causa en la cual se pedía la indagatoria para el ex presidente Néstor Kirchner y otros tres gobernadores santacruceños. Es el segundo archivo que sufre la causa en cuatro meses.
La denuncia había sido presentada en febrero por el fiscal santacruceño Andrés Vivanco y en ella se observaban irregularidades en la administración de los fondos desde 2003 a 2006.
El juez de instrucción Santiago Lozada la archivó alegando que la denuncia presentada por Vivanco era "cosa juzgada" en referencia al fallo en el cual el propio Lozada ya había enviado a archivo en 2005 una causa de características similares, pero con fechas diferentes en cuanto a los períodos investigados.
Vivanco apeló y recordó que Lozada nunca accedió a mostrar públicamente la sentencia por la cual había archivado la causa anterior en la cual fue sobreseído el ex presidente Kirchner.
En esta nueva causa, el fiscal de instrucción pedía que fueran indagados, además de Kirchner, los ex gobernadores Héctor Icazuriaga, Sergio Acevedo y Carlos Sancho. Y explicitaba que el pedido de investigación se centraba en el período 2003-2007.
Para iniciar la causa, Vivanco se nutrió del fallo del ex vocal por la minoría en el Tribunal de Cuentas, el contador José Lorenzo Pissani, que no aprobó el informe de los años 2004, 2005 y 2006. En todos observó problemas en la rendición, que "faltaron comprobantes, faltó control de fondos y que no se cumplieron las leyes".
Ahora, en la segunda instancia judicial de Santa Cruz, el juez Rubén Lobos -el mismo juez que dejó en libertad a Daniel Varizat, ex funcionario kirchnerista procesado por haber atropellado a más de 20 personas con su camioneta- califica la denuncia de Vivanco de "meras hipótesis acerca de la existencia de posibles delitos cometidos" por cuatro gobernadores y las considera "simples sospechas generalizadas sin fundamento ni solidez". Asegura que los organismos de control de la provincia funcionaron.
En el mismo fallo tampoco da lugar al pedido de Vivanco de declara la inconstitucionalidad de la ley 2663, que determina el control de esos fondos.
Lobos respalda al juez Lozada, que asegura la "inexistencia de una lesión patrimonial" y opina que la denuncia iniciada por el fiscal se basa en una mera sospecha.
Repatriación
En el medio de la tramitación de esta causa, la provincia anunció la repatriación de los fondos depositados en el Credit Suisse, en un fideicomiso a nombre del Banco Santa Cruz. Según el gobierno santacruceño, los fondos se encuentran ahora en una cuenta del Banco Nación y ascienden a 554.202.122,91 dólares.
En la denuncia anterior se investigaba el destino de los fondos 1996 y 2003. Sin embargo Lozada dice que en la sentencia anterior el ya había investigado hasta 2005 inclusive.
Sobre el fallo de 2005 hay absoluto hermetismo, porque el juez nunca lo hizo público, pese a reiterados pedidos. En él, Kirchner fue sobreseído de responsabilidades en el manejo de los fondos.
Esa causa había sido iniciada en 2004 por Adrián Salbucchi y Enrique Romero, representados por Juan Carlos Iglesias y Juan Gabriel Labaké. La causa iniciada en un juzgado federal en Capital Federal fue enviada aquí a fines de 2004 por el juez Guillermo Montenegro, que se declaró incompetente. El expediente sumaba los sumarios 8044/04 del juzgado federal N° 3, de Luis Ventura Fernández; el 15.006/04, del juzgado federal 5, presentada por Patricia Bullrich, y la 9318, del juzgado federal N° 10.
Lozada envió al archivo la sumatoria de esas causas el 31 de mayo de 2005, y sobreseyó a Kirchner de los presuntos delitos de "defraudación contra la administración publica, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, y malversación de caudales".












