Estaciones de servicio: un riesgo que late entre los porteños
La mayoría viola la seguridad pero levantan las clausuras con sobornos. Graves riesgos con los tanques soterrados y la contaminación de las napas. La red extorsiva de Javier Fígoli, el responsable de las inspecciones sospechado de coimas y echado y sumariado por Macri.
Buenos Aires, lapolíticaonline, 11/06/08, 19:16
Con el paso de los años, las estaciones de servicio en la ciudad pasaron de ser un simple expendio de combustible a un eje central de la vida cotidiana. Hoy, allí miles de porteños compran revistas, desayunan y hasta se juntan a pasar a algunas noches de sábado. Pero hay algo que ese desarrollo no actualizó. La falta de controles y un aceitado sistema de coimas sobre un tema tan crítico como es el tratamiento de combustibles hacen que Buenos Aires, hoy, puede transformarse en un polvorín.
Hay algo que es cierto. Desde la llegada de Mauricio Macri a la Jefatura de Gobierno porteño, han puesto el ojo en este tema, cambiando a las autoridades y con un comunicado de prensa que estarían elaborando en las oficimas machistas para dar cuenta de la situación. Hoy, son 434 estaciones de servicio que funcionan o funcionaban hasta que ajustaron la presión con las clausuras más otros 600 puntos de expendio como terminales de colectivos, puertos y aeropuertos. Todos, dentro del área delimitada por el Río de la Plata, el Riachuelo y la avenida General Paz.
El área responsable de controlar el estado de las estaciones de servicio es la Dirección General de Control, que depende de la Agencia de Control Ambiental y ésta, a su vez, rinde cuentas al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Allí, desde marzo, trabajo Juan Carlos Pigñer, un rígido funcionario que puso la actual gestión.
“Es un hombre que viene de la Gendarmería. Es duro pero muy trabajador, viene a las ocho de la mañana y se va a las nueve de la noche. Trabaja todo el día”, comentaron desde la Agencia a La Política Online. Él tiene hoy la no fácil tarea de evitar que la ciudad explote, literalmente hablando. En esta situación crítica dejaron años y años sin controles y con las coimas para levantar clausuras a la orden del día.
Alerta roja
Aunque hasta aquí aparece como un tema tabú o escondido bajo la alfombra, basta con revisar un poco el asunto por encima para caer en la cuenta de la gravedad que rodea a todo el área metropolitana.
La ciudad de Buenos Aires, gracias a la “genialidad” de algunos arquitectos y urbanistas, está montada sobre varios arroyos, los cuáles viven y corren bajo las calles porteñas en lugar de hacerlo libremente como ocurre en otras ciudades, como Londres o París. Esto no sólo provoca que desborden las cloacas y las bocacalles cuando una lluvia rocía la ciudad sino que, además, hace que esa agua conviva pegada a los tanques soterrados de esas más de 300 estaciones de servicio.
“No se pueden habilitar estaciones de servicio sobre un arroyo, como todas las de Juan B. Justo que están por encima del arroyo Maldonado”, empieza a explicar un especialista del área de control a La Política Online que, por cuestiones laborales, prefiere sostener su identidad. Y sigue: “Cuando el arroyo desborda, ejerce presión sobre los tanques y hace que se quiebren. Antes era aún peor, porque eran de chapa. Ahora son doble pared, de otro material. Es más difícil que se agujereen. Pero lo hecho, hecho está”.
La legislación que rige las medidas de seguridad de las estaciones de servicio es nacional y está regida por la resolución 1102/2004 de la secretaría de Energía. Este es el antecedente legislativo más importante con lo que cuentan hoy los inspectores de la Dirección de Control. “Antes se controlaba a través del Código de Edificación o a través del decreto 2407/83, pero con la 1.102 se tomaron las riendas”, explicó a este medio uno de los inspectores porteños. Pero, aunque la legislación es nacional, los responsables de los controles son los municipios.
“La 1.102 establece que se hace un estudio hidrogeológico y si se detecta contaminación, hay que hacer la remediación”, aclaró la fuente. “Hay que hacer auditorías de hermeticidad, auditorías de seguridad de superficie, y en el caso que haya habido perdidas, estudios hidrogeológicos”, continuó detallando.
Por esto, en los últimos meses muchas estaciones fueron cerrando porque no podían cubrir los costos de la remediación.”Pueden costar de 100 mil pesos o un millón, o más también”, aseguró el inspector.
Según la ley, el responsable de esa remediación, que no es otra cosa que la reparación de lo que haya ocasionado pérdidas y la limpieza correspondiente del daño ambiental, es el dueño. Aquí es donde aparece una clara diferenciación.
“Las estaciones que no son directas de bandera, es decir, que no pertenecen a Shell, Petrobrás, u otra petrolera, donde hay un intermediario, no son negocio”, empieza a explicar un funcionario porteño experto en estos temas. “La legislación –siguió- para las estaciones de servicio es cada vez más exigente y sólo pueden hacer frente las estaciones de bandera”.
La realidad aquí es que las grandes empresas pueden hacer frente a las multas o incluso conseguir por “izquierda” el levantamiento de una clausura. Los operadores chicos, así, desaparecen.
El caso emblemático de este problema fue la estación de Santa Fe y Aráoz, situación que quedó en el recuerdo cuando explotó por fallas en el equipo de remediación. “Se remedia con métodos y maquinas que sacan la nafta de las napas. El aparato que tenían era clandestino y explotó. Ese trabajo necesita una habilitación, un permiso. No lo puede hacer cualquiera”, explicó la fuente.
Por último, la fuente dejó un caso tragicómico: “Había una por Chacarita que no explotó de casualidad. Las estaciones de servicio tiene un elemento que se llama venteo, una cañería por donde salen los vapores para arriba, para el cielo. Ahí tenían el venteo y al lado, sobre la misma pared, habían puesto una parrilla que sacaba chispas”.
El negocio de Fígoli
Quien estaba a cargo de esta área hasta marzo era Javier Fígoli. Esto hoy ex director de Control fue echado por Macri tras denunciar una red de corrupción ambiental. En marzo, Macri, junto a Gabriela Michetti y el ministro de Medio Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, anunciaron una denuncia penal por cinco casos de empresas a las que se les exigió 55 mil dólares y, de esa manera, destrababan clausuras impuestas por el incumplimiento de normas ecológicas.
Según Piccardo por esos días, se trataba de un circuito organizado que tenía cuatro pasos: "En el primero, el inspector realizaba la clausura intencionalmente; luego, se presentaba un policía que, junto al inspector, firmaban un acta. Tercero, estas personas le recomiendan un abogado ambientalista que soluciona este tipo de inconvenientes; y el cuarto paso era el contacto con el letrado del área, que se llama Carlos Espina, que solicita 55.000 dólares para levantar la clausura".
Fígoli llegó al gobierno durante la gestión de Jorge Telerman. Su antecesor, de apellido Martínez, dejó su cargo cuando fue destituido Aníbal Ibarra. “Era un tipo de primera. Él fue el que armó todo el control, hizo la base de trabajo. Recorrió con una camioneta la ciudad armando una base de direcciones de estaciones de servicio, toda la logística, incluso a veces iba con su auto. Cuando lo destituyeron a Ibarra, Martínez renunció porque le parecía prudente”, contó un ex funcionario porteño a este medio.
El mismo coincide con la evaluación de Fígoli que hizo Piccardo: “En la gestión de Fígoli hubo mucha joda, fue un descontrol. Junto a Federico Peña –ex Federico Peña subsecretario de Control Comunal-, mandaban a clausurar y después levantaban la clausura con su propio servicio jurídico. Era un circuito extorsivo”. Hoy, Fígoli es acechado por un sumario administrativo y una causa penal.
El ex empleado de Fígoli cuenta algunas movidas secretas que hacía Fígoli. “A veces decían que había desratización así los empleados no iban y trabajaban ellos solos. Cuando llega Macri, lo dejaron trabajando pero lo tenían en la mira. A los pocos meses lo engancharon y tuvo que irse con los sumarios por coimas”.
Junto con Fígoli, se fueron el jefe del área de afluentes y residuos, sus asesores y el jefe de clausuras, Manuel Elizondo. “También echaron a varios inspectores. Los engancharon, eran parte del circuito”, completó el relato el vocero.
