“Estamos en presencia de una sarta de mentirosos”

Jefe de Gabinete Aníbal Fernández.



La frase del epígrafe, con copyright del contador Aníbal Fernández, evoca vagamente la clásica aporía de Epiménides, aquel cretense que afirmaba con ánimo paradójico que todos los cretenses eran mentirosos. ¿Había que creerle en tal caso? Pero el contador no debe ser confundido con Epiménides.

En rigor, no uno, sino los tres jefes de gabinete que ha empleado en dos años Cristina Kirchner negaron que Guido Antonini Wilson, el empresario venezolano que en agosto de 2007 llegó a Buenos Aires ocultando un cargamento de (al menos) 880.000 dólares, hubiera pisado la Casa Rosada pocas horas después de que en el Aeroparque Metropolitano le decomisaran una maleta con aquella suma (destinada, según él, a “la campaña presidencial de la señora de Kirchner”). “Es un disparate”, aseveró en su momento Alberto Fernández. “No estuvo nunca. Ese hombre es un delincuente”, abundó Sergio Massa. Es "un mequetrefe de alquiler", “un mafioso” – se exasperó el Fernández actual y también rechazó la idea de que Antonini hubiera ingresado a la Casa de Gobierno: “Nadie puede acceder a la Casa Rosada sin identificarse, y yo hice revisar entrada por entrada y no consta el ingreso”, arguyó.

El mentís a esa sarta de negativas emergió del lugar menos pensado: el 7, el canal oficial de TV. Después de una morosa búsqueda y ya presionada por una intimación del juez Daniel Petrone, titular del juzgado en lo Penal Económico 2, la administración oficialista de la televisora puso en manos del tribunal los videos filmados en el Salón Blanco de la Casa Rosada por aquella fecha. El joven magistrado descubrió en una de esas filmaciones la inconfundible, extensa estampa del valijero venezolano, de pie, al fondo de la sala, prestando atención a lo que ocurría en el escenario, donde brillaban el entonces Presidente, Néstor Kirchner, su esposa y candidata a sucederlo, Cristina Fernández, y el jefazo de Venezuela, Hugo Chávez. Ni siquiera la aparición con vida de ese video melló la porfiada voluntad del jefe de gabinete de negar lo evidente: "No he visto el video, pero me gustaría ver qué grado de veracidad tiene y ver cómo es". El oficialismo hace tiempo que se había despreocupado de la verdad. Ultimamente ni siquiera se esfuerza en parecer verosímil.

Saltando de una escena a otra, el mismo Aníbal Fernández que refuta lo ostensible se dedicó esta semana a bombardear al gobernador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri.

El gobierno porteño se las arregla solo para crearse problemas: por ejemplo, se introdujo candorosamente en la temática de dotar al distrito de una policía propia sin tomar en cuenta antecedentes como los de las cruentas batallas entre fuerzas nacionales y porteñas que en 1880 enmarcaron la federalización de Buenos Aires y concluyeron en unas 10.000 muertes. Erigir una fuerza de seguridad propia no es sólo un asunto de presupuesto y gestión: el escándalo de espionaje que le estalló a la administración porteña demuestra lo obvio.

Sobre ese berenjenal y sobre la vulnerabilidad política que el gobierno capitalino se autoinfligió al admitir sin apelación que una jueza administrativa de distrito (de su distrito) cuestionara las disposiciones del Código Civil sobre matrimonio, se montó la ofensiva del gobierno central, encabezada por el contador Aníbal Fernández. Fue el jefe del gabinete nacional el que, al margen de lo que tiene investigado el juez federal Norberto Oyarbide, aventuró que ”las escuchas descubiertas por la Justicia se manejaban entre (el comisario Jorge) Palacios y Macri, directamente, trabajando con una suerte de pyme, en la cual lo que se hacía era hacer escuchas telefónicas para después venderlas al mejor postor". De sobrepique, el jefe de gabinete comparó su versión sobre los hechos porteños con el caso Watergate y sostuvo que “Mauricio Macri es el responsable número uno de esto. Por mucho menos, Richard Nixon renunció al gobierno de los Estados Unidos. Va a tener que dar una respuesta de estas características, no tiene otra salida“.

Que desde la cúpula del gobierno nacional se reclame la renuncia del gobernador de la Ciudad Autónoma es un hecho inédito. Es asimismo otra manifestación inequívoca de la crisis política e institucional motorizada por la confrontación permanente que el gobierno central adoptó como conducta distintiva desde sus inicios. Macri retrucó y dio el valecuatro cuando, emulando la actitud comparativa del contador Fernández, recordó que “por el 10 por ciento de los casos de corrupción actuales” a Fernando Collor de Melo lo despidieron de la presidencia de Brasil con un juicio político.

La pelea por las presidencias de las Cámaras

A medida que el almanaque avanza hacia el 10 de diciembre, la tensión política se agudiza. A partir de esa fecha el kirchnerismo pierde su hegemonía en el Congreso. A la luz de esa circunstancia, desde Olivos Néstor Kirchner ordena avanzar a los suyos, a los que fuerza inclusive a romper acuerdos de convivencia alcanzados.

En la Cámara Alta, el bloque oficialista había acordado con la oposición que la reforma política recién se trataría en el próximo período legislativo, es decir, una vez incorporados los senadores elegidos el 28 de junio. Ahora Kirchner quiere que la ley (ya con media sanción de Diputados) se apruebe en diciembre, con este Senado.

En rigor, esa ruptura de acuerdos puede terminar convirtiéndose en un argumento decisivo para que el espacio opositor zanje un debate aún inconcluso: si disputarle al oficialismo la presidencia de las cámaras o conformarse con el dominio mayoritario de las comisiones estratégicas.

En las dos últimas semanas ha venido crecido considerablemente el apoyo a la idea de pelear por la presidencia de las Cámaras. La fuerza opositora que todavía resiste esa decisión es la Coalición que orienta Elisa Carrió. La señora Carrió alega que la presidencia de las Cámaras le corresponde al partido de gobierno, por “tradición”. En rigor, de existir, se trataría de una tradición exclusivamente argentina.

En Estados Unidos, por ejemplo, el republicano George W. Bush convivió con la demócrata Nancy Pelosi como jefa de la Cámara de Represenatantes, así como el demócrata Bill Clinton lo hizo con el líder republicano Newt Gingrich. La cabeza de las cámaras depende de la relación de fuerzas que exista en el seno de ellas.

En Uruguay, dos semanas atrás se votó para presidente (falta el ballotage, que ocurrirá dentro de una semana) y también para las Cámaras: La votación en diputados y senadores se zanjó por un legislador de diferencia: gracias a ese cómputo, el Frente Amplio controlará las dos instancias. Y eso será independiente de que la primera magistratura la obtenga el frenteamplista José Mugica o el candidato Blanco Luis Lacalle.

La evidencia de que el oficialismo arrasa desprejuicidamente tanto con tradiciones como con acuerdos de convivencia mínima puede terminar persuadiendo a la corriente que lidera Carrió de la conveniencia de sumar fuerzas con el resto de la oposición para garantizar una conducción de las Cámaras que exprese el 70 por ciento de no- kirchnerismo que se vio en las urnas el 28 de junio.

Si la oposición llegara en principio al acuerdo de unir sus fuerzas para disputarle al bloque K la presidencia de las Cámaras, si ese milagro ocurriera, todavía se necesitarían otros: tendrían que coincidir en los nombres y apellidos de los candidatos comunes. Y allí es posible que la solución dependa menos de los números que de la capacidad arquitectónica de los socios.

Numéricamente, puede llegar a ocurrir que el peronismo federal o peronismo disidente termine siendo el bloque más numeroso de la oposición en Diputados. ¿Debe eso traducirse automáticamente en que un peronista tenga garantizada una mayoría para dirigir la Cámara? Es difícil. Es muy improbable que los indispensables votos de la fuerza de Carrió se vuelquen a un candidato peronista. De hecho, un candidato de ese signo induciría seguramente a la Coalición a mantener su postura actual, remisa a pelear la presidencia de las Cámaras. Todo induce a pensar que, para pelear la conducción de las Cámaras, la oposición sólo tiene (en Diputados al menos; el Senado puede ser un territorio de compensaciones) un horizonte de convergencia: una presidencia radical.

La hora de la verdad no está lejana.