Finalmente, se cumplió con lo que se venía murmurando en los pasillos. La AFA rescinde unilateralmente el contrato con TSC y el grupo Clarín enfurece de una manera pocas veces vista. A la “trasmisión en cadena” del reportaje al dueño de TyC, en el que no faltaron ni apelaciones a la piedad ni amenazas, se le ha sumado la burda operación de adjudicar un pacto entre dos seres endemoniados: Kirchner y Grondona.

Ya sabemos que el ex presidente es el hijo de Belcebú, pero la novedad está en que el otrora “Don Julio”, experimentado y sabio, aparece ahora como un mafioso enquistado en el poder.

La primera buena noticia de todo esto, es que, enfurecido el multimedio, probablemente, saldrán a la luz todos los negociados de Grondona que el multimedio hasta aquí tapó.

La segunda buena noticia es que se acaba un monopolio que afectaba a los simpatizantes que debían pagar cuantiosas sumas por acceder a ver los partidos y se beneficia a los clubes que alcanzarán una suma más acorde con lo que el negocio genera. Lo que vendrá ahora son las operaciones de prensa, las amenazas y algunos abogaduchos embarrando la cancha.

Pero lo que está por detrás de esto es una discusión conceptual: ¿es necesario que el Estado intervenga en el negocio del fútbol?

En otras palabras, ¿es posible pensar que el fútbol es un derecho y que, en tanto tal, es un deber del Estado garantizar el libre acceso al mismo a través de las transmisiones vía canales de aire?

Preguntas y analogías

Si bien ha sido negado en la conferencia de prensa que brindó Cherquis Bialo, existe la posibilidad de que el Estado realice un convenio con la AFA.

Con la misma liviandad y falta de precisión, varios idiotas útiles hablan de “Estatización del fútbol” y agitan los fantasmas de un Grondona bolivariano.

¿Pero por qué no podría el Estado comprar los derechos del fútbol y comercializarlos?

La respuesta a ese interrogante es una crítica por izquierda y una falacia de falsa disyunción: con la cantidad de pobres que hay, el Estado no puede ocuparse del fútbol.

Pero más allá de esto cabe hacerse la pregunta acerca de si tiene sentido, como se dejó entrever, que el Estado invierta 600 millones de pesos por año para televisar los partidos de forma abierta.

Si bien este número oculta lo que el Estado recuperará con publicidad y ventas de su señal, aun si perdiese un peso, la pregunta sigue abierta. Especialmente en momentos donde ante el caso Aerolíneas se hace la misma operación que se hacía hacia fines de los 80 respecto del déficit y la corruptela de todo lo que sea estatal.

Si hiciéramos la comparación, alguien podría decir: es central para todo Estado tener una aerolínea de bandera que una un país extenso como el nuestro, aun cuando esto resulte deficitario; la escuela primaria también resulta deficitaria y sólo a algunos se les ocurre que el Estado debe prescindir de garantizar el acceso a una educación digna. Lo mismo pasa con la salud.

Sin embargo, lo que parece más discutible es si es necesario y vital tener una televisación gratuita de los partidos. Honestamente, creo que el tema es controvertido.

Puede pensarse el fútbol como un fenómeno popular y cultural cuyo acceso debe ser garantizado por el Estado pero no estarían del todo equivocadas las voces que tildaran de exagerada esta afirmación.

Al fin de cuentas, si aun hoy existen discusiones acerca de la necesidad de que el país tenga los ferrocarriles, las empresas de servicios públicos y los recursos naturales en manos del Estado; y si todavía asistimos a propuestas que van en contra de la garantía de un acceso universal a la educación y a la salud, imagine cuán compleja será la controversia en torno a si el fútbol es un derecho o, más bien un servicio que eximiría al Estado de la supuesta obligación de garantizar un acceso irrestricto a sus transmisiones.

Sin creer ahora que Grondona se ha transformado en Robin Hood y mientras desearía que se sumaran argumentos en torno a qué tipo de obligación tiene el Estado para con el fútbol, no cabe duda que en esta rescisión de contrato, los grandes beneficiarios serán los clubes.

Será tarea de la AFA, tarea que fue ejercida hasta ahora de forma deíctica y cómplice, controlar, sea el Estado, sea una nueva empresa privada, que el dinero que se reciba por los derechos de la transmisión no sea una forma de subsidiar empresarios y grupos inversores que, con la excusa de una pasión, embarcan a los clubes en proyectos inviables cuyo desenlace fatal es siempre el vaciamiento.